La situación económica de Telefónica del Perú ha llegado a un punto delicado, como lo demuestran las medidas recientes adoptadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú. Esta institución ha decidido embargar propiedades de la empresa debido a deudas fiscales vinculadas al Impuesto a la Renta correspondiente a los años 2000, 2001 y 2009. El total de estos embargos es de aproximadamente 832.7 millones de soles peruanos, lo que equivale a cerca de 226 millones de dólares. Estas acciones tienen como objetivo garantizar el pago de las deudas tributarias que la compañía aún no ha saldado.
A pesar de la gravedad de estas acciones, Telefónica del Perú ha asegurado que la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones no se verá afectada. La empresa enfatizó que la integridad de sus operaciones es esencial para cumplir con sus obligaciones dentro del procedimiento concursal en curso. Este proceso fue iniciado por la compañía en febrero de 2025, con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a más de 13 millones de usuarios en todo el país.
La condición económica de la compañía se ha empeorado debido a un fallo de la Corte Suprema del Perú, que dictaminó que Telefónica del Perú debe abonar 854.7 millones de dólares en tributos correspondientes a los años 2000 y 2001. Esta resolución legal ha tenido un efecto considerable en las finanzas de la empresa, afectando su actual estado de insolvencia.
En un intento por aliviar su carga financiera, Telefónica del Perú fue vendida el 13 de abril de 2025 a la firma argentina Integra Tec International por aproximadamente 900,000 euros. Como parte del acuerdo, Integra Tec asumió una deuda superior a los 1,200 millones de euros y se comprometió a adquirir el 99.3% de las acciones de la empresa, con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por el 0.7% restante.
La venta de la filial peruana se enmarca en una estrategia más amplia de Telefónica para reducir su exposición en América Latina, tras recientes desinversiones en Argentina y Colombia. La compañía ha enfrentado desafíos financieros significativos en la región, incluyendo disputas fiscales prolongadas y decisiones administrativas que han afectado su competitividad en el mercado.
En este momento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispone de un período de 90 días laborales, que finaliza el 3 de julio de 2025, para decidir sobre la solicitud de procedimiento concursal presentada por Telefónica del Perú. La autorización de este proceso es esencial para la reorganización financiera de la compañía y para que continúe con sus operaciones en el país.
La condición de Telefónica del Perú muestra las dificultades que las compañías multinacionales encuentran en mercados con regulaciones complicadas y prolongadas disputas fiscales. El desenlace de este asunto podría tener un impacto importante en la inversión extranjera y la estabilidad del sector telecomunicaciones en Perú.
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