El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene un múltiplo de 90.6 millones de dólares sobre Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles en México, por aplicaciones prácticas que limitan la libertad de competencia en el mercado. Según el IFT, la compañía incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores con el objetivo de bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT detalla que Telcel otorgó descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando la venta de paquetes de celulares a que no se comercializarán productos de otras empresas competidoras. Esta estrategia, señala el regulador, perjudicó los derechos de los consumidores al restringir su capacidad para elegir entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que se desarrollará en el primer año de 2021, culminará con un Dictamen de Probable Responsabilidad a finales de año. Telcel debería tener la oportunidad de iniciar la resolución y presentar la defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se realizó la investigación, argumentando que las afirmaciones en su contra se basan en declaraciones de un competidor.
Telcel tiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil en México, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de registros de telefonía móvil en el país. Para el trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación en el mercado del 69,1%.
El IFT ha recuperado la importancia de los organismos reguladores para convertirse en un mercado competitivo. Esta es una parte crucial del papel que está destinado a las entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto que discute la posible reforma que está destinada a los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado algunas cosas basándose en el IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un invitado en el gobierno. Según el mandato, estas entidades no cumplen adecuadamente con su propósito, habiendo recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado entre especialistas, quienes advierten que significará un retroceso a las regulaciones industriales y afectará las políticas establecidas en empresas comerciales como el T-MEC. A pesar de que los promotores de la reforma aseguran que no afectarán las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó la normativa en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o extinción del IFT dependerá de la próxima Legislatura, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Con una mayoría calificada asegurada por el oficialismo, la situación del IFT y los demás órganos es autónoma y se encuentra en un punto crítico.
