El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido gobernante, sancionó una enmienda a la Constitución que permite la reelección continua del presidente, alarga el periodo presidencial de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La medida fue promovida por el partido del mandatario Nayib Bukele y obtuvo el apoyo de 57 de los 60 legisladores, en una votación llevada a cabo sin discusión previa y en un proceso expedito.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la disposición que prohibía la reelección inmediata del presidente, lo que permitirá a Bukele postularse para un nuevo período de forma indefinida. Además, se suprime la segunda vuelta electoral, lo que implica que el candidato que obtenga la mayoría de votos, aunque no sea absoluta, será proclamado presidente. Asimismo, se estipula que el próximo mandato presidencial será de seis años en lugar de cinco, como establece actualmente la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma fortalece la democracia al permitir que el pueblo salvadoreño tenga la libertad de reelegir a sus gobernantes sin restricciones. Legisladores afines al Ejecutivo sostuvieron que la reelección indefinida ya es posible en otros niveles de gobierno, como en alcaldías o diputaciones, y que este cambio simplemente extiende esa posibilidad al cargo presidencial.
Sin embargo, la reforma ha generado un amplio rechazo por parte de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos, que consideran que se trata de un paso hacia la consolidación de un modelo autoritario. Críticos advierten que eliminar los límites a la reelección sin un proceso amplio de deliberación y sin consultar a la ciudadanía representa una regresión democrática.
Voces opositoras señalaron que la aprobación de la reforma sin discusión pública ni mecanismos participativos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. También se denunció la falta de transparencia en el procedimiento y la concentración de poder en el Ejecutivo, que ya cuenta con amplio dominio sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde el año 2021, tras la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte del Congreso, se ha reportado un debilitamiento continuo de los controles institucionales en El Salvador. La decisión posterior de la renovada Corte Suprema que permitió la reelección inmediata fue percibida como una continuación de esa misma dirección.
El respaldo de la comunidad internacional ha sido dispar. Algunos gobiernos han expresado su preocupación por la deriva autoritaria en El Salvador, mientras que otros han manifestado su respeto a las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aprobadas por una Asamblea elegida democráticamente.
Organizaciones globales, como Human Rights Watch y otros grupos que promueven la democracia, advirtieron sobre los peligros de la reelección ilimitada, señalando experiencias comparables en diferentes países de América Latina, donde reformas de este tipo han resultado en crisis institucionales y en la disminución de las libertades civiles.
A pesar de que el presidente Bukele no ha anunciado oficialmente su intención de buscar un nuevo mandato, la reforma abre claramente esa posibilidad. Su popularidad, cimentada en una política de seguridad que ha reducido drásticamente los niveles de violencia mediante medidas excepcionales, como el estado de excepción prolongado, lo posiciona favorablemente ante el electorado.
Sin embargo, también han sido frecuentes las denuncias por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y restricciones a la prensa independiente. La aprobación de esta reforma, en un contexto de fuerte centralización del poder, alimenta los temores de que El Salvador avance hacia un modelo de gobierno con escasos controles y pocas garantías democráticas.
La modificación constitucional todavía necesita una segunda ratificación por parte del legislativo en la siguiente legislatura para entrar en plena vigencia, tal como lo estipula la propia Carta Magna. Sin embargo, considerando la actual conformación del Congreso y el apoyo político del que goza el presidente, es probable que esta segunda ratificación se logre sin dificultades significativas.
La transformación del sistema político salvadoreño con esta reforma marca un punto de inflexión para el país, cuyo rumbo dependerá en gran medida de cómo se implementen estos cambios y de la capacidad de los actores democráticos para articular una respuesta institucional que preserve el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
