El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la modificación constitucional recién aprobada en El Salvador, la cual permite la reelección presidencial sin límites, extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Esta reforma, confirmada por la Asamblea Legislativa con un respaldo mayoritario, ha provocado un gran debate tanto en el ámbito nacional como internacional.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida de manera democrática y tiene la autoridad legal para realizar modificaciones constitucionales conforme a los procedimientos establecidos en la nación. Asimismo, rechazó las analogías que algunos sectores han realizado entre esta reforma y gobiernos autoritarios, subrayando que el sistema político salvadoreño conserva bases democráticas y constitucionales firmes.
Este respaldo de Washington representa un cambio en la postura de la administración estadounidense, que en el pasado había expresado preocupación por el rumbo político que estaba tomando El Salvador. Actualmente, la relación bilateral se ha fortalecido, destacándose acuerdos en materia de seguridad, cooperación y gestión migratoria, que son parte del diálogo constante entre ambos países.
Pese al aval de Estados Unidos, la reforma ha generado críticas desde diversos frentes. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han manifestado su inquietud, advirtiendo que la modificación podría poner en riesgo la democracia y abrir la puerta a una concentración excesiva de poder. Asimismo, han señalado que este tipo de cambios recuerdan a situaciones que han llevado a la erosión democrática en otros países de la región.
Por su parte, el gobierno salvadoreño sostiene que la reforma busca garantizar que el pueblo tenga la opción de elegir la continuidad o no del liderazgo presidencial, señalando que existen democracias consolidadas en el mundo donde se permite la reelección indefinida, y que esta medida es un reflejo del respaldo popular que tiene la actual administración.
El presidente Nayib Bukele, quien inició su segundo mandato en junio de 2024, ha defendido la reforma como un mecanismo para fortalecer la democracia interna y promover la estabilidad política. A pesar de las críticas recibidas, la modificación fue aprobada con un respaldo contundente en la Asamblea Legislativa, lo que refleja un amplio apoyo dentro del cuerpo legislativo y, según sus partidarios, también un respaldo mayoritario de la ciudadanía.
La reforma constitucional en El Salvador se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la agenda política del país y de la región, generando debates sobre la naturaleza y el futuro de la democracia en América Central. La postura de Estados Unidos, que apoya la soberanía del país para decidir sobre su marco legal, contrasta con las preocupaciones internacionales sobre el equilibrio de poderes y la garantía de derechos fundamentales.
